Línea de fabricación de mascarillas en la empresa Pi Medical.
Dos empresas que entraron en el sector al principio de la pandemia ya producen 14 millones de unidades al mes.
La fabricación de mascarillas se ha convertido en un inesperado nicho de negocio para Extremadura. La no menos inesperada expansión del coronavirus por todo el mundo terminó con el ‘stock’ de los equipos de protección individual en el mercado internacional. Incluso el Ministerio de Sanidad aseguró con posterioridad que no recomendó la utilización de mascarillas en los primeros meses de la pandemia debido a la imposibilidad de adquirirlas.
Eso hizo surgir un movimiento solidario en el que diferentes asociaciones, colectivos y agrupaciones comenzaron a elaborar estos productos. Pero también motivó que industrias reorientaran su actividad hacia las mascarillas, el bien más codiciado en 2020 a nivel mundial. Incluso la Junta de Extremadura realizó una convocatoria de ayudas extraordinaria para apoyar económicamente a proyectos destinados a la contención sanitaria del coronavirus. Más de 340.000 euros se dedicaron a dos empresas.
Pasado un año del inicio de la pandemia, la fabricación de productos sanitarios por parte de industrias extremeñas ha llegado para quedarse. En la actualidad, dos de ellas producen hasta catorce millones de mascarillas al mes entre quirúrgicas y FFP2.
Una es Ingeluz, ubicada en Alconera (Badajoz) y cuya principal línea de negocio era la fabricación de luces de Navidad. El pasado junio comenzó a hacer mascarillas, como adelantó HOY. «Tuvimos que invertir 600.000 euros y la Junta nos dio una ayuda de 167.100 euros para la compra de la maquinaria», detalla Marcelo Pérez, promotor de la compañía.
La empresa produce unas 20.000 mascarillas quirúrgicas al día. «Son de tipo 2R, las que ofrecen la mayor protección, y las vendemos a entre 20 y 30 céntimos la unidad», añade Pérez, que explica que son un poco más caras porque van envasadas de manera individual.
Actualmente trabajan en dos turnos, han creado siete puestos de trabajo y sus principales clientes son farmacias del territorio nacional. Venden, por ejemplo, en Cantabria, Madrid, Andalucía y, por supuesto, Extremadura.
Mascarilla que produce Ingeluz desde Alconera.
Pese a ser de las primeras industrias en dar el paso a la producción de estos materiales de protección, hasta el mes de diciembre no recibieron el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento. «La homologación es muy difícil; el proceso se ha alargado casi medio año porque estaban colapsados», lamenta el gerente de Ingeluz. «No es lógico que con el problema de abastecimiento de mascarillas que hemos tenido en España, que incluso se han importado productos sin homologar, hayamos tenido tantos problemas», indica Pérez.
Estos retrasos en la certificación provocaron que durante varios meses estuvieran produciendo mascarillas higiénicas, que en la situación actual han tenido menos demanda. Según el responsable de la compañía esta situación complicó mucho el desarrollo de su negocio.
Un mayor volumen de producción tiene Pi Medical, con sede en Don Benito (Badajoz). Hasta 12 millones de mascarillas quirúrgicas al mes. Esta empresa utiliza las instalaciones de una antigua industria de material fotográfico y en julio puso en marcha su maquinaria. Desde entonces no ha parado de crecer, ya tiene siete líneas en funcionamiento. «Se va a incorporar la fabricación del modelo de mascarilla quirúrgica infantil, en este caso con una capacidad de dos millones mensuales», comenta Juan Francisco Sánchez, responsable técnico de la empresa, que añade que también están haciendo pruebas para poder comercializar mascarillas higiénicas para personas con discapacidad auditiva. «Estamos en plena expansión».
Las compañías Ingeluz y Pi Medical han tardado entre cuatro y seis meses en que les homologaran su producción
Ese crecimiento repercute en el empleo. Pi Medical ya está pensando en la contratación de personal para la elaboración de más mascarillas FFP2, ya que hay una demanda muy importante de estos productos. Actualmente, tienen una máquina que fabrica un millón al mes. «Nos planteamos incorporar ocho máquinas más para llegar a entre ocho y nueve millones», detalla Sánchez.
Al igual que los responsables de Ingeluz, desde Pi Medical afirman que los trámites de acreditación para poder fabricar son complejos. Ellos no tuvieron la licencia definitiva hasta noviembre del año pasado. «Las FFP2 están sometidas a unos ensayos muy rigurosos y muy difíciles de pasar», reconoce el responsable técnico de esta empresa.
Estas complicaciones suponen que no haya suficientes fabricantes acreditados en el mercado, lo que lastra la producción. «Está todo vendido para los próximos dos o tres meses», asegura Sánchez.
De tela
En el primer momento se sumaron a la corriente solidaria las mujeres de la cooperativa Nuestro Señor del Gran Poder. Desde Valencia del Ventoso y con casi 40 años de experiencia en el sector textil, antes de que acabase el mes de marzo ya habían puesto su veintena de máquinas de coser industriales a elaborar batas y mascarillas reutilizables. El Servicio Extremeño de Salud (SES) les comunicó que los productos que fabricaban eran muy útiles, por lo que no dudaron en continuar durante varias semanas con esta tarea.
Lo hicieron de manera altruista y entregaban su producción a centros y trabajadores que las necesitaran. Así estuvieron hasta el mes de mayo.
Incluso hubo distribuidores de este tipo de material que contactaron con la cooperativa para valorar una producción estable. No fue posible llegar a un acuerdo. «Eran una vergüenza los precios que nos ofrecían; ni siquiera cubrían los gastos», señala Carmen Márquez, una de las socias de la cooperativa, que reconoce que habría sido una buena salida dada la difícil situación actual del sector textil, ya que la crisis sanitaria ha hecho mucho daño a esta cooperativa.
Ella cree que en los precios que se ofrecen no se tiene en cuenta la mano de obra. «Prefieren pagar los aranceles que cuesta traer productos de otros países que la mano de obra en la región», comenta, a la vez que sitúa la raíz del problema en que las licitaciones públicas «solo valoran el precio más reducido y no otras cuestiones».
